Demanda de 12 puntos de la CNRP al Gobierno
Tegucigalpa, 12 de marzo del 2008
MANUEL ZELAYA, Presidente de la República
ROBERTO MICHELETTI, Presidente del Congreso Nacional
VILMA MORALES, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia
Por este medio, las organizaciones abajo firmantes estamos haciendo entrega a los tres poderes del estado, el PLIEGO DE DEMANDAS UNITARIAS del PRIMER ENCUENTRO OBRERO CAMPESINO MAGISTERIAL COMUNITARIO Y POPULAR llevado a cabo en la ciudad de San Pedro Sula el pasado 1 de febrero.
Demandas que no son nuevas y que se han planteado desde hace varios años a los distintos gobiernos sin que hasta el día de hoy haya habido una respuesta favorable.
También ponemos en conocimiento del Gobierno de la República que el ENCUENTRO de organizaciones desautorizó cualquier intento de la llamada “sociedad civil” de pretender “representar” al movimiento social en la negociación de estas DEMANDAS UNITARIAS que no sea parte del ENCUENTRO OBRERO CAMPESINO MAGISTERIAL COMUNITARIO Y POPULAR.
Demandas del I Encuentro de Organizaciones obreras, campesinas, magisteriales, comunitarias y populares
La aplicación del modelo neoliberal en Honduras ha provocado el empobrecimiento generalizado de la población al lado del enriquecimiento escandaloso de unas pocas familias. El clamor de miles de demandas populares se hace sentir desde todas las regiones del país. Desde los reclamos nacionales hasta los más sencillos, todos están postergados.
El movimiento popular a través de sus diversas organizaciones y comunidades ha venido planteando exigencias a los gobiernos dela República, destacando los Pliegos Unitarios del 26 de agosto del 2003, el Emplazamiento al gobierno del 2004, la lucha contra la firma del TLC y las Demandas de agosto del 2007, sin que los gobiernos de turno hayan resuelto satisfactoriamente las necesidades del pueblo hondureño.
Por tal motivo el I ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES OBRERAS, CAMPESINAS, MAGISTERIALES, COMUNITARIAS Y POPULARES, representativas del movimiento popular organizado de Honduras, reunido en San Pedro Sula el 1 de febrero del 2008, acuerda impulsar un PLAN DE LUCHA UNITARIO y UN PARO CIVICO NACIONAL para exigir al gobierno dela República las siguientes demandas:
- La derogación de la Ley Marco del Agua Potable y Saneamiento, aprobada contra la voluntad popular y la puesta en marcha de un proceso de consulta con los sectores sociales, comunitarios y populares del país para formular una nueva ley general de aguas en la que se inserte la regulación de la administración del agua potable, a partir de la propuesta presentada por las organizaciones populares al Congreso Nacional el primero de julio del año 2003. Dejar inmediatamente sin efecto el concesionamiento de los ríos, quebradas y fuentes de agua.
- Un estricto control de precios que detenga las alzas al costo de la vida, no al aumento de los servicios públicos, por un aumento general de salarios, la derogación del salario diferenciado así como los Decretos Legislativos 219 y 220 del 19 de diciembre del 2003 que contienen el congelamiento de los salarios y la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central que atenta contra la vigencia de los estatutos y la contratación colectiva. Exigimos el respeto a la libre sindicalización, en particular en los parques industriales, el respeto a la estabilidad laboral y al salario digno. Cumplimiento de los compromisos contraídos Demandamos la aprobación de una nueva Ley de Telecomunicaciones que rompa con el control por parte de los monopolios extranjeros y consolide el control estatal sobre las políticas de telecomunicación. Aprobar y aplicar la Ley de Protección al Consumidor.
- Detener de forma inmediata los desalojos de grupos campesinos y demandar la libertad de los campesinos presos en la lucha por la tierra. Derogarla Leyde Modernización Agrícola y una respuesta inmediata y satisfactoria a las demandas planteadas por las organizaciones campesinas en relación directa con la aprobación de una nueva Reforma Agraria; así como el esclarecimiento y enjuiciamiento de los asesinos materiales e intelectuales del dirigente campesino Edickson Lemus, asesinado el 24 de mayo del año 2005, Wilfredo Lara Lara, asesinado el 27 de agosto del 2007, y otros luchadores populares que continúan en la impunidad.
- Derogación dela Contrarreformaelectoral en su totalidad y aprobación de una nueva ley electoral que garantice plenamente la igualdad de derechos para todas las fuerzas políticas, incluyendo el pleno derecho de organización política para toda la población así como las candidaturas independientes sin mayores restricciones.
- Educación pública gratuita en todos los niveles educativos sin exámenes de admisión de ningún tipo ni mecanismos selectivos excluyentes en las matrículas y la abolición de los reglamentos internos intimidatorios y autoritarios y respeto al bono estudiantil extendiendo su beneficio a todos los estudiantes. Oficialización de las escuelas PROHECO e implementación de un modelo educativo acorde a la realidad de Honduras. No a la privatización de la educación. Cese de la represión contra el movimiento estudiantil enla Universidad PedagógicaFrancisco Morazán. No a la corrupción en la UNAH y la UPN. Salud pública con medicinas y atención oportuna en el sistema hospitalario central y el Instituto Hondureño de Seguro Social que efectivamente beneficie a los derechohabientes. No a la municipalización ni privatización de los servicios de salud pública. El inmediato cumplimiento de la Ley de la Vivienda.
- Nacionalización de la importación de los combustibles; fortalecimiento de las empresas del Estado ENEE, SANAA, HONDUTEL, Honducor; derogación de los contratos de SEMEH y las plantas térmicas.Aprobación del Contrato con PETROCARIBE y que los beneficios logrados sean canalizados a eliminar el ajuste por combustibles, impulsar un programa de Electrificación Rural y otros beneficios populares y no a los empresarios de las térmicas. No a la privatización del Registro Nacional de las Personas.
- Drástica reducción del costo de las remesas que se embolsan las agencias privadas y definir una política pública permanente que legisle y proteja a los migrantes y sus familias en todos los ámbitos de la sociedad en tanto actores fundamentales en la vida económica y social del país.
- Derogación de la actual ley de minería y de las concesiones otorgadas sin consulta a las comunidades; suspensión de todos los proyectos de construcción de represas, mientras no se defina una propuesta de energía renovable y represas que se sostengan sobre la protección del medio ambiente y en el marco de la soberanía del Estado y de las comunidades sobre los recursos naturales y el territorio nacional. Cumplimiento del dictamen 260-2006 en relación a Gases del Caribe. Aprobación inmediata del Reglamento de la Ley Forestal.
- Pleno cumplimiento del Convenio 169 dela O.I.T. en relación con la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas y negros, así como la devolución de las tierras a los campesinos de Zacate Grande, no a las leyes que disminuyen los derechos de los pueblos originarios. Resolver las exigencias de FHAVACO relacionadas con la reubicación e indemnización de las familias afectadas por la construcción del Canal Seco.
- Inmediata depuración de la policía, aplicación de justicia a los altos funcionarios y ex funcionarios públicos y ejecutivos de la empresa privada responsables de malversación de fondos públicos; la derogación de la reforma al artículo 332 del Código Penal, conocida como ley antimaras, y el enjuiciamiento de los responsables de las masacres en la granja penal de El Porvenir y el Centro Penal de San Pedro Sula, en abril del 2003 y mayo del 2004 respectivamente así como los asesinatos en serie denunciados y documentados por los organismos de derechos humanos, de manera especial los asesinatos de mujeres.
- Por la puesta en marcha de una Estrategia Nacional parala Redistribución Permanentedela Riquezaa partir de una propuesta formulada por los diversos sectores sociales populares hondureños, en donde se garantice la plena participación de las mujeres y de los jóvenes.
- Los temas que toquen los intereses nacionales no podrán ser decididos sin consulta por parte del gobierno, se debe tomar en cuenta al pueblo en general y al movimiento popular. Se debe hacer efectivos los mecanismos de consulta popular como ser el Referéndum yla ConsultaPública.
Las demandas anteriores constituyen los problemas más sentidos y generalizados de la población hondureña razón por la cual las organizaciones participantes en el I ENCUENTRO exigen al gobierno de Mel Zelaya una respuesta satisfactoria a las mismas así como a las reivindicaciones particulares que cada organización o región exige.
Al pueblo hondureño el I ENCUENTRO hace un llamado a organizarse, unificar esfuerzos y sumarse al presente acuerdo mediante la movilización para detener la política neoliberal impulsada por el gobierno y dictada por los organismos financieros internacionales que son los responsables de la falta de respuesta a las necesidades populares.
COORDINADORA NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR – CNRP
CONFEDERACION UNITARIA DE TRABAJADORES DE HONDURAS – CUTH
CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES – CGT
CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE HONDURAS – CTH
FEDERACION DE ORGANIZACIONES MAGISTERIALES – FOMH
CONSEJO COORIDNADOR DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE HONDURAS – COCOCH
CONSEJO NACIONAL CAMPESINO – CNC
