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Finalmente regresó Manuel Zelaya a Honduras. Decenas de miles de hondureños estuvimos en el Toncontín, en Tegucigalpa, para expresar la alegría por haber logrado uno de los principales objetivos del Frente Nacional de Resistencia Popular.
Sin embargo la oligarquía también está contenta, al igual que el imperialismo (gringo y europeo) y los gobiernos latinoamericanos (incluidos los llamados de “izquierda”) con el REGRESO… DE HONDURAS A LA OEA Y A LOS DEMÁS ORGANISMOS INTERNACIONALES.La “CRISIS DEL 28 DE JUNIO DEL 2009” se ha cerrado, Honduras va camino a la RECONCILIACIÓN y el FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA. La calma ha regresado a Honduras y al Continente como si nada hubiera pasado. La negociación de Cartagena ha sido un ÉXITO.
El Acuerdo legitimó el Golpe de Estado
El “Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras” firmado por Pepe Lobo y Mel Zelaya –en medio de una brutal ofensiva represiva del régimen– garantiza en sus nueve puntos lo siguiente:
Regreso de Honduras a los organismos regionales y multilaterales
Tras el arribo de Mel a Tegucigalpa, Honduras fue reincorporada a la OEA, gracias al presidente de Colombia, Juan Santos y al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con la rápida gestión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y los aplausos de Hillary Clinton y de José Miguel Insulza, logrando el reconocimiento y la legitimidad internacional.
Pero lo más grave, el propio Manuel Zelaya se convirtió en el principal defensor del reintegro a la OEA al afirmar que “si el Presidente Lobo le está reconociendo los derechos democráticos que nos habían violado a nosotros y al pueblo, la Comunidad Internacional entonces tiene ahora, la obligación de reconocerle los derechos al Presidente y a su Gobierno” (Discurso de Mel Zelaya en Toncontín, 28 de mayo 2011).
No se trata sólo del regreso a la OEA, el tema central es que el GOLPE DE ESTADO es PERDONADO por la comunidad internacional garantizando la IMPUNIDAD para los autores y sentando un nefasto precedente para el resto de Latinoamérica. Bastará que las fuerzas golpistas den un GOLPE DE ESTADO, convoquen a “ELECCIONES A PUNTA DE FUSIL” y luego firmen ACUERDOS DE RECONCILIACIÓN para quedarse en el poder sin pagar por sus crímenes.
Reconocimiento de la legitimidad del régimen
El ex presidente Zelaya –y actual Coordinador General del FNRP– al aceptar los nueve puntos del ACUERDO reconoce y legitima las instituciones y actores del Golpe de Estado. El gobierno de Pepe Lobo, el Congreso Nacional, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo Electoral y la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, son –según el documento– las instituciones legítimas que deben garantizar el respeto a la Constitución y las leyes de Honduras.
Se reconoce la legitimidad y vigencia de la Constitución del 82, la misma que la burguesía utiliza y viola según su conveniencia. También se reconocen las leyes y reformas constitucionales hechas por el régimen, dejando de lado el famoso artículo 3 constitucional que dice “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.
No sólo en el papel se reconoce al gobierno de Pepe sino que el mismo Mel, en su discurso en Toncontín, reconoció “paladinamente” al gobierno que hasta no hace mucho era prohibido nombrar.
Legitimación a cambio de qué
Los dos puntos anteriores son el principal objetivo del Acuerdo, a tal punto que ya se cumplieron. En cuanto a los demás, el blanqueo del régimen no garantiza ninguna de las grandes demandas nacionales que movilizaron, organizaron y dieron razón de ser a la Resistencia y que están enmarcadas en la Refundación de Honduras y ratificadas en la Asamblea de Febrero abandonando acuerdos fundamentales votados por los delegados nacionales.
Desde el momento que se reconoce al régimen, sus instituciones y sus leyes no hay garantías para el cumplimiento de las demandas populares, ni siquiera desde el punto de vista jurídico burgués ya que como señala el Abogado Daniel Flores Henríquez, Coordinador general del Frente de Abogados y Abogadas en Resistencia “contiene trampas jurídicas”.
Lo más grave es el abandono en el documento de la lucha por el castigo a los culpables intelectuales, políticos y materiales en materia de violación a los derechos humanos al ceder dicha tarea a la SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS que, como señala el COFADEH, no tiene “hábitos, prácticas ni políticas que hagan suponer que la institución referida marque una diferencia siquiera mínima al interior del Estado respecto al estatal Comisionado de Derechos Humanos, deslegitimado a sí mismo por su parcialidad con la violencia institucional en contra de la población.”
En cuanto a los olvidados ACUERDOS de febrero, los compromisos firmados por Mel Zelaya implican la renuncia a la lucha por derrotar el régimen mediante la MOVILIZACIÓN para lograr mejores condiciones –incluso en la vía electoral– aceptando un proceso electoral controlado totalmente por las instituciones golpistas como único recurso válido, separando –nuevamente– las luchas sociales de la lucha política.
Se RENUNCIA expresamente a la Asamblea Nacional Constituyente libre, soberana, democrática, popular y originaria, ya sea autoconvocada o arrancada mediante la lucha al régimen, al aceptar que la Constituyente se enmarque en el reformado artículo 5 constitucional sobre plebiscito y referéndum.
Y finalmente, lo más celebrado por todos los gobiernos y algunos dirigentes del Frente: se dan todas las garantías para que el FNRP sea reconocido como partido político electoral –independientemente de si es frente amplio, alianza o partido– que deberá subordinarse a la actual LEY ELECTORAL (vía decreto o cumpliendo requisitos).
Responsabilidades políticas
Con Honduras en la OEA sin castigo a los golpistas ni a los violadores de los derechos humanos, con Pepe Lobo reconocido como gobierno legítimo, y con todos los graves problemas que enfrenta el pueblo hondureño sin resolver, resulta evidente que la resistencia no ha ganado nada (salvo los que aspiran a participar en las elecciones).
Lo grave es que la firma del ACUERDO DE CARTAGENA no fue un lineamiento equivocado del Frente Nacional de Resistencia Popular que en la Asamblea Nacional de febrero acordó lo opuesto a lo firmado. Tampoco salió de la Asamblea Nacional Intermedia, ni de la Coordinación General (aunque esta última vergonzosamente terminó dando TODO SU RESPALDO Y AVAL A LOS HECHOS CONSUMADOS en la reunión del 28 de abril y en un comunicado del 22 de mayo).
Tampoco fue una sorpresa que se dio de la noche a la mañana y donde no se pudo analizar ni consultar a nadie sobre una decisión trascendente para la vida del Frente y del pueblo hondureño en general. Mel ha reconocido al igual que los presidentes Santos, Chávez y Lobo que las pláticas se venían llevando desde hacía meses en lo que el Coordinador General del FNRP llamó “diplomacia de bajo perfil”, es decir a espaldas del Frente. Pero además, hubo numerosos dirigentes, organizaciones y delegados a la Asamblea Intermedia que nos pronunciamos en contra alertando las consecuencias y solicitando a la dirigencia del Frente la apertura del debate.
Por tanto, es indudable que la firma del capitulador ACUERDO DE CARTAGENA es responsabilidad, en primer lugar, del Coordinador General del Frente, Manuel Zelaya Rosales y el círculo de políticos que estuvieron a su lado en la toma de decisión. En lo que respecta a la negociación de su regreso, Zelaya tenía todo el derecho de hacerlo según su propio criterio, sin embargo NO PODIA PONER EN LA MESA DE NEGOCIACIONES ASPECTOS QUE TIENEN QUE VER CON LA POLITICA DEL FNRP SIN EL CONCENTIMIENTO DE LA ASAMBLEA.
Desde el punto de vista del FNRP y en particular de sus componentes populares, la TENDENCIA REVOLUCIONARIA y LOS NECIOS (ambos autodefinidos como revolucionarios, de izquierda y marxistas) son responsables directos de haber avalado, sin tomar en cuenta la Asamblea de febrero y sin convocar la Asamblea Intermedia, dichos acuerdos. Avalar a Zelaya en la firma de los acuerdos y al mismo tiempo criticarlos, impulsar campañas descalificadoras contra quienes piensan distinto, los coloca como una dirección antidemocrática y burocrática que pone en peligro los objetivos generales del FNRP.
Las agendas ajenas
Algunos dirigentes justificaron su apoyo al Acuerdo basados en la confianza en Zelaya, Chávez y Ortega, poniendo por delante de la agenda del FNRP la agenda de dichos presidentes que responde a lo que ellos llaman “RAZÓN DE ESTADO” o “REALISMO POLÍTICO” y que no es más que anteponer los intereses de los negocios capitalistas de su propio país por delante de los intereses de los pueblos en lucha.
Tal como señalamos en El Trabajador Socialista 83, la negociación Santos-Chavez, con el visto bueno del imperialismo norteamericano, responde a la necesidad de “normalizar” relaciones para impulsar negocios capitalistas. En Cartagena los nuevos “socios” firmaron 16 acuerdos comerciales. Lo mismo puede decirse del presidente nicaragüense Daniel Ortega que fue el impulsor a nivel centroamericano.
Pocas horas después de firmarse el acuerdo de Cartagena se realizó una reunión en Managua del llamado Grupo CA-4, integrado por los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; El Salvador, Mauricio Funes; Guatemala, Alvaro Colom, y Honduras, Porfirio Lobo. Además de respaldar el acuerdo Lobo–Zelaya y plantear el reintegro de Honduras a la OEA y a “su participación plena en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)”, Ortega dispuso “el inmediato pleno restablecimiento y normalización de las relaciones de Nicaragua con Honduras” congeladas desde el golpe militar. Y al mismo tiempo, en otra declaración, los presidentes expresan su acuerdo para “avanzar con mayor celeridad en la conformación de la Unión Aduanera” regional.
Conclusión
El ACUERDO DE CARTAGENA, legitima el Golpe de Estado con el regreso de Honduras a los organismos internacionales, reconoce totalmente al gobierno de Pepe Lobo y las instituciones golpistas. Responde más a razones de negocios capitalistas y geopolíticos de los gobiernos latinoamericanos que a los intereses del pueblo en resistencia. Zelaya, la TR y los Necios, simplemente contribuyeron con dichos objetivos a cambio del regreso de Mel y la participación electoral del FNRP.
La lucha por la Refundación de Honduras debe superar un nuevo obstáculo en su camino hacia la liberación.